Aralar y Bildu cuestionan la tramitación y creen que el plan está sobredimensionado
ESTELLA-LIZARRA - El Gobierno de Navarra ve "justificado" el proyecto presentado por la Mancomunidad de Montejurra para abastecer a Viana y la Ribera Alta y que supone desarrollar una infraestructura presupuestada en unos 40 millones de euros para llevar el agua desde Mendaza hasta esas localidades.
Además, el plan también prevé la creación de dos nuevos pozos en esa localidad desde los que se extraerían 7 hectómetros cúbicos más de agua que se sumarían a los 3 actuales. Precisamente, este hecho ha generado una importante contestación social y municipal sobre todo en esa zona.
De esta forma, el consejero de Fomento, Luis Zarraluqui, compareció ayer en el Parlamento a instancias de Aralar, ya que el Gobierno es una parte fundamental en la tramitación del proyecto y aprobó en 2011 que este plan se declarase como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS).
TRÁMITES El consejero detalló los trámites realizados por la Mancomunidad sobre el proyecto y fue precisamente en este punto en el que tanto Aralar como Bildu discreparon de él, ya que estas formaciones cuestionan que el plan se haya tramitado de forma correcta y pusieron en duda que el Gobierno exigiera toda la documentación necesaria antes de darle el visto bueno a la declaración de Proyecto Sectorial.
El parlamentario Juan Carlos Longás (Aralar) echó en cara a Zarraluqui la actitud del Ejecutivo. "Las afecciones ambientales no están resueltas y el Gobierno de Navarra no debería haberle dado el visto bueno. En el proyecto no hay una investigación previa del acuífero, ni de la extracción. Hay una parte del impacto ambiental que está difusa y la obligación previa por parte del Gobierno de Navarra sería haber aclarado estas cuestiones", indicó".
"Las afecciones
no están resueltas,
no se debería haber aprobado"
juan carlos longás
Parlamentario de Aralar
Bittor Rubio (Bildu), que también cuestionó la tramitación, puso el acento en si este proyecto está sobredimensionado sobre la realidad. "A la hora de determinar la extracción de agua se hace en base a parámetros de crecimiento urbanístico que ya están obsoletos, que están inflados y más cuando la demanda de agua está cayendo", señaló este parlamentario que indicó que la documentación aportada en el proyecto para determinar las afecciones ambientales es en algunos casos "antigua y poco rigurosa".
DE ACUERDO El resto de miembros de la comisión de Fomento, sí que respaldan tanto el proyecto como su tramitación. De esta forma, por parte del PSN el parlamentario y alcalde de Viana, Gregorio Galilea, transmitió a la Cámara la "necesidad del mismo". "Estamos bebiendo agua cuyos parámetros rozan la línea roja", dijo. Además, Galilea solicitó al Gobierno que desbloquee la financiación de este proyecto. "Estamos hablando del agua de beber de las personas. Le pido al consejero que solucionen el atascón que sufre este proyecto en la parte de la financiación". Desde las filas de PP, Eloy Villanueva también justificó el proyecto y lo tildó de "bueno y necesario", y desde el grupo parlamentario de UPN, Mª Victoria Castillo aseguró que el "procedimiento es el oportuno".
Tras la comparecencia parlamentaria del consejero, el presidente de la Mancomunidad, Pedro Mangado, señaló que con la extracción del agua desde los acuíferos se disminuyen las afecciones medioambientales al río Ega. "Antes se cogía el agua en superficie del mismo río. Ahora se extrae de los acuíferos y esto disminuye las afecciones respecto al río. Cuanto más nos alejamos del mismo, mejor", indicó el socialista.
DATOS
EL POZO, SIN AUTORIZACIÓN
Polémica. Uno de los temas que centró el debate es si la Mancomunidad cuenta o no con autorización para la extracción de agua que ya está realizando en el pozo de Mendaza y de hecho tanto Aralar como Bildu pusieron en cuestión que el organismo público tenga actualmente autorización para extraer ese agua, algo denunciado por la plataforma Salvemos el Ega. El consejero Zarraluqui reconoció que no tiene autorización y desde la Mancomunidad, el gerente, Laureano Martínez, confirmó a este periódico que efectivamente están procediendo a la "regularización".
