El alcalde Gregorio Galilea (PSN) les había emplazado por decir que favorecía a un abogado.Se suspende el pleno extraordinario pedido por UPN porque secretaría alega que no es de su competencia
A las doce era la cita ante el juez de paz de Viana para que los ediles de UPN se retractaran sobre su afirmación del favoritismo que ejercía el alcalde socialista Gregorio Galilea con un abogado hermano de una concejal del PSN. Pero no acudió nadie a este acto de conciliación requerido por Galilea para evitar que el tema se resuelva en un juicio.
Finalmente será un juez quién dirima si las declaraciones del principal grupo de la oposición forman parte del juego político o son susceptibles de condena. Y es que Gregorio Galilea ya advirtió que de no personarse seguiría adelante sin aclarar si por la vía civil o penal. "La decisión que tome el alcalde nos preocupa muy poco. Nosotros no juzgamos a nadie, simplemente nos limitamos a dar una información verídica", dijo ayer la portavoz de los regionalistas, Lucía Abadía.
Las relaciones tensas entre ambos grupos se remontan al inicio de la legislatura en el que UPN también ha afirmado otros tratos de favor mientras que el aludido responde que se trata de una cuestión personal por no adjudicarle a Abadía el servicio de cero a tres años en la legislatura anterior.
En esta ocasión los regionalistas indicaron que desde el equipo de gobierno local se había realizado pagos de 72,000 euros en 2010 al bufete de un abogado cuya hermana, además de edil socialista, también trabajaba en el mismo despacho. Y añadían otros cobros por parte de la firma de 23.000 euros en 2011 y de 10.625 en 2009. Gregorio Galilea replicó que él había continuado confiando en los mismos abogados que trabajaban para el Ayuntamiento cinco años antes de que él entrara a formar parte de la corporación.
Cuando UPN hizo pública su acusación anunció además que iba a pedir un informe a secretaría. Su objetivo era con las conclusiones del técnico municipal convocar un pleno extraordinario para reprobar a la alcaldía. Pero se les ha contestado que no habrá dicho documento porque la legalidad de los contratos no es competencia del pleno, sino de jueces y tribunales.
"Así que hemos decidido dar marcha atrás en la solicitud de la convocatoria, aunque lo vamos a pedir por otras vías", dijo Lucía Abadía, que no quiso desvelar qué camino alternativo baraja el grupo regionalista. Quizá sea dirigir sus pasos a Administración Local para que allí les redacten el informe. Una medida que cuando hicieron las declaraciones a principios de año también barajaron, aunque finalmente la dejaron aparcada para priorizar el dictamen de secretaría.
